El Ministerio para la Seguridad del Estado (Ministerium für Staatssicherheit o Stasi), al igual que las demás instituciones u organizaciones políticas y estatales de la RDA, no está sometido a ningún poder público. Las actas de la Stasi acerca de cuatro millones de alemanes orientales y dos millones de alemanes occidentales ofrecen la única posibilidad de ver entre los bastidores del sistema, al menos a posteriori.

Desde la primavera de 1990, los medios informan continuamente sobre los delitos cometidos por la Stasi. Cada vez se descubren a más confidentes en puestos de responsabilidad. Una comisión creada por el propio Gobierno de la RDA y un comité especial de la Asamblea Popular formulan una ley sobre el tratamiento de las actas de la Stasi. Esta ley establece que las actas no serán destruidas y que los ciudadanos afectados deben tener acceso a ellas.

Sin embargo, la ley aprobada en agosto, tras acaloradas discusiones, no es incluida en el Tratado de la Unificación, puesto que el Gobierno Federal quiere mantener las actas cerradas. Las protestas masivas de los defensores de los derechos civiles, que cuentan con un amplio apoyo de la población, hacen que se apruebe una regulación en el sentido de la ley de la Asamblea Popular. La Ley de los Expedientes de la Stasi (Stasi-Unterlagen-Gesetz) de diciembre de 1991 constituye una importante base para el esclarecimiento de la dictadura del SED.